Nuevo paquete de medidas económicas de protección de la vivienda tras la entrada en vigor del nuevo real decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

El Real Decreto-Ley 11/2020, publicado en el BOE el 1 de abril de 2020, introduce nuevas medidas económicas para abordar la crisis provocada por la pandemia. Además de ampliar la moratoria hipotecaria, se legisla por primera vez sobre el aplazamiento del pago de alquileres de viviendas habituales, siempre que el arrendador sea una empresa, entidad pública de vivienda o «gran tenedor». Estas medidas buscan equiparar la situación de alquiler e hipoteca. Se establecen requisitos basados en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para determinar la elegibilidad. Además, se definen los «gastos y suministros básicos» que deben representar al menos el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. La normativa también suspende los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional durante un máximo de 6 meses después del estado de alarma. Estas medidas buscan proteger a las familias vulnerables y la salud pública en medio de la crisis del COVID-19.

La protección de los consumidores y usuarios frente a los «ataques» del COVID-19

El nuevo decreto gubernamental se enfoca en tres áreas principales de actuación: apoyo a trabajadores, consumidores y colectivos vulnerables; fortalecimiento de la actividad económica para empresas y autónomos; y la capacidad de las administraciones públicas para cumplir sus funciones. En relación con los consumidores, se refuerzan las medidas para protegerlos durante el estado de alarma. Se garantiza el suministro de energía eléctrica, gas y agua en viviendas habituales y se impide la suspensión por impago. Se establece el derecho de resolución de ciertos contratos sin penalización, como compraventa de bienes y servicios, si resultan imposibles de cumplir debido a las medidas del estado de alarma. Además, se regula el aplazamiento de los contratos de viajes combinados y se prohíben ciertas comunicaciones comerciales relacionadas con actividades de juego durante la crisis sanitaria. Estas medidas tienen como objetivo primordial proteger a los consumidores y usuarios durante la pandemia del COVID-19.